Las protestas ocurrieron en Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y Veracruz.
Diversas ciudades de México fueron escenario de protestas masivas en contra de la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La movilización, que se llevó a cabo en Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, reflejó el creciente descontento entre los sectores que perciben estas iniciativas como una amenaza a los contrapesos democráticos del país.
En la Ciudad de México, compuesta en su mayoría por trabajadores de las cortes federales y jueces en huelga, se congregó frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con banderas y pancartas que reclamaban “Independencia judicial” y “Respeto a la democracia”, los manifestantes denunciaron lo que consideran un ataque directo al Poder Judicial y otros órganos autónomos por parte del Ejecutivo.
Mauricio Espinosa, abogado y uno de los participantes en la protesta, expresó su preocupación no solo por las reformas en discusión, sino por lo que describe como una serie de agresiones continuas hacia las instituciones autónomas.
Según Espinosa, estas acciones “fortalecen al Ejecutivo, al próximo presidente”, dejando en una posición vulnerable a las instituciones que deben actuar como contrapesos en el sistema democrático.
El trasfondo de estas manifestaciones se encuentra en las recientes victorias electorales de Morena y sus aliados, que han dado al gobierno una mayoría significativa en el Congreso.
Esto ha permitido a la administración de López Obrador avanzar en cambios profundos dentro del sistema judicial, el cual ha mantenido tensas relaciones con el presidente. Entre las reformas propuestas, destaca la idea de que los jueces sean elegidos por voto popular, una medida que ha generado alarma entre expertos y observadores internacionales, quienes temen que este proceso politice aún más el sistema judicial y comprometa su independencia.
Además de las reformas judiciales, el partido gobernante ha promovido la eliminación de varios organismos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Desde la perspectiva de Morena, estas entidades representan un gasto innecesario, argumentando que sus funciones podrían ser absorbidas por las secretarías de gobierno, una postura que ha sido duramente criticada por quienes ven en ello un intento de concentrar aún más poder en el Ejecutivo.
El desplome del peso y las advertencias de agencias calificadoras de riesgo son solo algunos de los efectos inmediatos de estas medidas.
La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificó la elección de jueces como un “riesgo” para la democracia mexicana y una “amenaza” para las relaciones comerciales entre ambos países, lo que desató una respuesta airada por parte de López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum.